Ya son 12 años insistiendo desde Proantioquia en la importancia de establecer un pacto por la salud, buscando por supuesto la calidad en la atención, pero sin descuidar la sostenibilidad financiera y la eficiencia de las empresas prestadoras del servicio. Precisamente sobre la necesidad de los acuerdos sociales, en este y otros ámbitos fundamentales, escribimos lo siguiente esta semana en Portafolio.

Ciudadanía y buen gobierno

“Dos importantes acontecimientos tuvieron lugar recientemente en el país, que parecen indicar la existencia de voluntades políticas confiables para buscar acuerdos sociales fundamentales en un tema crítico en Colombia: la corrupción.

El primero, tranquilo, en todo sentido, y como el país lo necesita, lo protagonizaron los señores Procurador, Fiscal y Contralor, nacionales, en sucesivos conversatorios en el programa Pregunta Yamid. No tengo memoria reciente de estos tres poderes compartiendo problemas críticos de la sociedad colombiana y del sector público, e invitando a enfrentarlos coordinadamente.

La Procuraduría y Fiscalía anteriores fueron el ejemplo de ambiciones personales, de ideas preconcebidas, del enfrentamiento mutuo y con los demás poderes del Estado, y, en fin, de una tendencia clientelista evidente. Muy poco importaron los problemas de la gente.

Nos llamó poderosamente la atención que el señor Procurador planteara un acuerdo o pacto social por la salud. Es una preocupación expresada sistemáticamente desde hace ya 12 años por parte de Proantioquia, y sobre lo cual seguimos insistiendo; un acuerdo que establezca una visión de largo plazo para el sistema, que tenga como ejes el derecho legítimo a la salud, la sostenibilidad financiera y un modelo de atención eficiente.

Que estos organismos hablen de hacer un frente común, reconozcan que, sin el trabajo integrado, no pueden tener éxito y nos convoquen a todos los colombianos a colaborar frente al terrible asunto de la corrupción y la ineficiencia del Estado, son iniciativas bienvenidas.

El segundo acontecimiento tuvo lugar en Medellín, y el protagonista fue el alcalde Federico Gutiérrez. Más allá de lo que opinen algunos sobre si sobraba una que otra comunicación de su parte en las redes sociales, cosas intranscendentes frente a lo sustantivo, el Alcalde se jugó su credibilidad frente a la prioridad en el tema de seguridad, yendo un paso adelante en los modos tradicionales de actuación de un mandatario.

Asumió el liderazgo directo, comprometido emocional y técnicamente en la situación –viral en las redes sociales– ocasionada por el abusivo desbordamiento de las características y condiciones de un atraco ciudadano. A plena luz del día, a la vista de todos, en una vía principal y con una desfachatez cínica de sus protagonistas frente a las consecuencias. ¡Como si culturalmente sintieran que no pasaría nada!

Si tal asunción tenía el objetivo de movilizar rápidamente las capacidades del Estado a todos los niveles y demostrar que sí se pueden resolver los problemas de manera inmediata, si se hacen coordinadamente, su actuación es justificada. Pero quedó de nuevo en evidencia que la cadena de justicia (policías, fiscalía, jueces, castigo) está muy lejos de ser perfecta y que, si no se resuelve dicha coordinación para que cada uno cumpla con la obligación que le corresponde, no será posible combatir el crimen en nuestra sociedad.

Invitamos a todo el país a promover acuerdos sociales, nacionales y regionales, para que funcionen todas las instituciones de la cadena de justicia; que tal asunto sea una prioridad en la participación y movilización ciudadana por un país y un Estado confiables”.

Publicado en Portafolio el jueves 26 de enero

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