Desde el Consejo Empresarial para una Paz Sostenible decidimos apoyar la implementación de los Acuerdos a través de mesas de trabajo, equipos técnicos, encuentros periódicos con los responsables y contribuyendo con críticas y propuestas fundamentadas. Nuestro gran interés es aportar para que el país no se vea enfrentado a un escenario de desesperanza y así lo expresamos en nuestra más reciente publicación en El Colombiano:

Una agenda enormemente retadora tiene el Ministro Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo. Lidera cinco grandes ejes de los Acuerdos de La Habana: el Fast Track; el inicio de la implementación socioeconómica; la definición del Plan Marco de Implementación a 15 años; la reincorporación de las Farc y la sustitución y erradicación de la coca. No existe ningún ministerio, ni ninguna institución pública o privada que actualmente tenga más responsabilidades en nuestro país.

De acuerdo con la metodología del Fast Track adoptada por el Gobierno, cada ministerio debe plantear las necesidades legislativas que requiere para cumplir con sus responsabilidades en los Acuerdos. Esto implica procesos de ida y vuelta y temas de coordinación bastante complejos, entre dichos entes y las oficinas del ministro Consejero y jurídicas de la Presidencia.

En cuanto a la implementación socioeconómica de los Acuerdos, la prioridad inmediata es un plan a 100 días en 57 municipios relacionados con los campamentos de concentración de las Farc y sitios críticos de cultivos ilícitos. Y a ellos se agregan más de 100 municipios de influencia histórica de las Farc.

Sobre el Plan Marco, los compromisos en algunos componentes de atención cubren todo el país. En 600 municipios es necesaria la actuación específica de desarrollo institucional, por la precariedad de sus capacidades en este campo; y en 16 zonas, que cubren más o menos 160 municipios, establecer las características y alcances de los llamados Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial– PDET.

Para las rutas de la reincorporación de las Farc, el ministro Consejero considera cuatro grandes actividades o posibilidades de reincorporación: el apoyo a la seguridad misma de los miembros de las Farc; el apoyo al desminado; la figura de guardabosques y el desarrollo de proyectos productivos individuales o grupales.

Y hablando de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos, la meta propuesta por el Gobierno para este año es de 50 mil hectáreas en cada una de estas modalidades.

Pero además, debe también ocuparse el Ministro de un punto crítico: los recursos económicos y las capacidades institucionales para desarrollar todos estos compromisos. Le compete gestionar tres oportunidades de la reforma tributaria relacionadas con incentivos para inversión en las zonas más afectadas por el conflicto, obras por impuestos y recursos de compensaciones ambientales. Y la cooperación internacional.

Con este breve panorama de responsabilidades es fácil concluir lo que decíamos al comienzo: ¡No hay ninguna organización en nuestro medio que tenga tan grandes y complejos retos!

¿Qué hacer entonces desde la sociedad civil? Tres actitudes son posibles: la apuesta por el fracaso, la indiferencia o el apoyo crítico. Desde el Consejo Empresarial para una Paz Sostenible nos decidimos por la tercera vía. A través de mesas de trabajo con académicos, expertos, empresarios y miembros del Gobierno; constituyendo equipos técnicos que hagan un seguimiento sistemático prioritario al Fast Track; promoviendo encuentros periódicos con los responsables y contribuyendo con críticas y propuestas fundamentadas. Nuestro gran interés es aportar para que el país no se vea enfrentado a un escenario de desesperanza.

Confiamos en que el Gobierno siga manteniendo una relación estrecha con las instituciones que queremos contribuir para que no fracase esta gran apuesta por la paz. Como decía el Presidente Obama: “el optimismo es una obligación moral”.