Editorial

El Centro de Pensamiento Social[1] en asocio con el Banco de la República Sucursal Medellín, llevó a cabo hace varias semanas el Foro ¿Para dónde va el Sistema de Salud en Colombia?, en el contexto de que las constantes acciones de tutela y recobros por parte de los usuarios que derivaron en la Sentencia T760 de 2008 de la Corte Constitucional; así como el retiro de prestadores del régimen subsidiado en Antioquia, están poniendo en peligro los grandes logros que ha tenido la implementación de la Ley 100, y sus posteriores modificaciones, en los principales indicadores de salud de nuestro país. Así, y de cara a la sostenibilidad del sistema, en el Foro se discutieron tres grandes retos.

El primer reto es la definición explícita de un plan único de beneficios. Necesitamos crear un gran acuerdo nacional sobre lo que el sistema debe reconocer como derechos fundamentales a todos los colombianos. Aunque representa una tarea difícil, es necesario definir claramente hasta donde llega el derecho de todos, balanceando los objetivos del sistema con la prestación del servicio. Esta definición debe reglamentar lo que está excluido de ese paquete de derechos, ya que este año el sistema estará gastando cerca de 2 billones de pesos en tutelas y recobros, cerca del 25% del gasto total, lo que significa una judicialización del sistema inconveniente e insostenible. Reglamentando a lo que tenemos derecho y a lo que no, evitamos gastos adicionales al sistema.

El segundo reto es la financiación del sistema. Sabemos que los llamados impuestos a la nómina tienen un efecto negativo en la generación de empleo: por cada punto en que éstos aumentan, el empleo se contrae el 0,3%. Por tanto, para financiar el sistema es necesario buscar un complemento que combine: mayores aportes fiscales, la transformación de recursos territoriales a través del Sistema General de Participaciones, y mantener a los trabajadores cotizando al sistema; eliminar costos de transacción (en la transferencia y recaudo de los recursos) y hacer más expedito el tránsito de los recursos hacia los ejecutores finales. De todas formas, con la definición de un plan único de beneficios tendremos mayor certeza de cuánto necesitamos para asegurar su prestación.

El tercer reto es la articulación institucional. No podemos olvidar que la Ley 789 de 2002 dio paso al Sistema de Protección Social, definiéndolo en dos dimensiones: manejo del riesgo, entendido como condiciones de vulnerabilidad, y calidad de vida. Hacia allá es donde debemos apuntar: el sistema de salud hace parte de un conjunto de servicios a los que deben tener acceso todos los colombianos, y que no pueden ser vistos de manera desarticulada de los demás. Los múltiples beneficios de las cajas de compensación familiar, asegurar los riesgos profesionales, el acceso a una pensión, hacen parte de ese conglomerado de programas que debemos articular para gozar de un buen manejo y protección del riesgo social.

La salud debe incluirse en la agenda nacional, que por estos días parece estar más preocupada simplemente de temas electorales. No podemos cesar el esfuerzo de garantizar el derecho fundamental a la salud que tenemos todos los colombianos. Y por ello, Proantioquia quiere hacer parte de un gran "Pacto Social por el Sistema de Salud de Colombia" que, bajo principios de participación, equidad y solidaridad, garantice la prestación sostenible de la salud para todos los colombianos

[1] Entidad independiente promovida por la Andi, Comfama, Isa, Proantioquia y ARP Sura.