Fortalecimiento Institucional- Centro de Pensamiento Social
 
Con dicha frase, concluyó uno de los debates relacionados con el sistema de salud y los decretos emitidos por el Gobierno Nacional en el estado de emergencia social. El debate, que tuvo lugar en el auditorio de la Federación de Cafeteros en Bogotá, y que fue organizado por Fedesarrollo, el Instituto de Ciencia Política - ICP, y la Fundación Konrad Adenauer; tuvo la presencia de investigadores de dichas instituciones, como Mauricio Santa María y Guillermo Perry, así como Marcela Prieto, Directora del Instituto. Asimismo, contó con el Ministro de Protección Social, Diego Palacio; del Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas - ACHC, Roberto Esguerra; a la directora de la Federación de Departamentos y ex-ministra de salud, María Teresa Forero; y a Humberto de la Calle, ex-Vicepresidente de la República. El debate, con sus matices propios, giró en torno a tres temas: los problemas del sistema de salud, los Decretos de la Emergencia Social, y las posibles salidas para la salud de los colombianos. 

¿Había un hecho sobreviniente para declarar la Emergencia?
En consideración de la mayoría de los expertos, si existía un hecho sobreviniente que desataría una crisis en el sistema de salud, justificando la utilización de la Emergencia Social. Para el director adjunto de Fedesarrollo, Mauricio Santa María, la crisis del sistema se venía venir por dos razones: primero, se desvirtuó el modelo de aseguramiento debido a una falla de definición del POS aumentando los recursos destinados a lo no POS; y segundo, existe un desbalance entre los regímenes, en tanto 7 millones de cotizantes en el contributivo están sosteniendo a 23 millones de personas (entre beneficiarios y subsidiados). Por su lado, Guillermo Perry, también investigador de esa institución, argumentó que la gran falla estructural del sistema que está relacionada con la Ley 100, en tanto gravó con impuestos la nómina de los trabajadores que hoy, 17 años después, han permanecido en un contexto de un salario mínimo muy alto y con un alto desempleo. Para Perry, los Decretos de Emergencia Social tiene elementos buenos, malos y feos, pero no le están apuntando al tema central que vuelven insostenible al Sistema. En contraste con estas dos posiciones, estaba Marcela Prieto, quien manifestó desde un punto de vista legal, que la constitucionalidad de los Decretos estaba en duda, y cuestionó sobre la no utilización, por parte del Gobierno, las medidas ordinarias a través del Congreso. Para la Directora, aunque se podría justificar y se puede encontrar un hecho sobreviniente, era necesario en primer lugar ponderar las herramientas que el Gobierno tiene a su disposición, debido a que el Estado de Emergencia es una herramienta de último recurso.
 
¿Y los decretos de Emergencia Social?
Sobre este tema no hay un consenso explícito, y hay opiniones encontradas y muy diferentes. Por ejemplo, para Perry, es razonable que se le pongan cargas impositivas más altas al consumo de bienes que ejercen una carga adicional sobre el sistema de salud, como lo son los impuestos a la cerveza y al cigarrillo. Sin embargo, para el investigador aún falta una reforma más profunda que pueda garantizar la financiación de la salud en el país. Roberto Esguerra, de la ACHC, los Decretos contienen un atentado contra la autonomía médica, en tanto la confunde con la autorregulación del trabajo de los médicos. Por su parte, Mauricio Santa María manifestó que aún quedan dudas sobre los Decretos en temas como: el funcionamiento del Comité de Prestaciones Excepcionales, la definición del POS, la priorización de los recursos del FONPRES, entre otros. Asimismo, opinó Diana Pinto, investigadora de Fedesarrollo, en tanto aún no tenemos las herramientas para racionalizar los recursos de la salud, y en un panorama de recursos escasos, las sociedades deben tener opciones para decir no.
 
¿Cuáles son las alternativas para el país?
Para el Ministro de Protección Social, las medidas van en el camino correcto para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, y éstas representan una salida para conjurar las problemáticas actuales. Sin embargo, para los expertos aún faltan temas por enfrentar. Por ejemplo, para los investigadores de Fedesarrollo se necesita una reforma laboral que oriente los incentivos a la creación de empleo formal, al igual que una clara definición del POS. Llamaron la atención sobre un tema especial: si la igualación del POS se hace al nivel del contributivo, esto podría crear un déficit cercano al 1% del PIB. Asimismo, proponen que es necesaria la creación de acuerdos sociales que nos permitan, como sociedad, racionar justamente los recursos destinados para la salud. También, Colombia necesita una reglamentación clara sobre cuáles son las guías y procedimientos científicos que los médicos deben implementar, así como la actualización de los mapas epidemiológicos para garantizar el aseguramiento de las enfermedades más comunes en el país.

Los debates sobre el sistema de salud apenas está comenzando, así lo manifestó el Ministro de Protección Social, al igual que el Centro de Pensamiento Social en su más reciente comunicado de prensa. También es importante mencionar que, dentro del debate se hizo mención al Pacto Social para garantizar la sostenibilidad del sistema. En palabras de Diana Pinto, investigadora de Fedesarrollo, lo que Colombia necesita la construcción de acuerdos sociales para tener acuerdos justos en la racionalización y priorización de recursos para la salud; asimismo lo manifestó Humberto de la Calle, quien argumentó que la solución para el país estaba en una nueva discusión sobre el sistema de salud que todos queremos y que podemos pagar, y para ello se requiere un Pacto Social que nos ayude a determinar sus contenidos y herramientas.
 
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