En indispensable y necesario recuperar el Grupo de Negociadores para que siga siendo el gran soporte en la construcción positiva del proceso de transición hacia la implementación de los Acuerdos de Paz. Sobre este y otros detalles, reflexionamos en nuestra más reciente columna de opinión en El Colombiano.

“Como una estrategia para que los ministerios se apropiaran de los Acuerdos de Paz, el Gobierno Nacional hizo entrega del documento final a cada cartera y solicitó que señalaran las necesidades legales, institucionales y financieras que consideraban necesarias para cumplir con los mismos. Esa ha sido la plataforma de las iniciativas del Fast Track.

El modelo sacrificó el conocimiento acumulado por los equipos del Gobierno en La Habana, como masa crítica avezada en los temas y compromisos. Renunció a su incorporación como Grupo en la dirección estratégica de la fase crítica de creación de las condiciones de transición, por un liderazgo de las burocracias tradicionales y de ministros de compromisos transitorios. Seguramente en situaciones normales, en un país con reconocida eficacia estatal y sin tantas apuestas políticas y ciudadanas por el error en la gestión pública, tal vía sería la correcta.

Olvidó la cultura de los funcionarios que creen que a más leyes y trámites, mejores soluciones. Si estuvimos 4 años negociando y el Acuerdo supera las 300 páginas, debía ser claro el contenido preciso de las necesidades normativas, al acotarlas exclusivamente a los compromisos. Tal olvido se pagó caro: desde el interior del Gobierno, la primera propuesta de Fast Track fueron cerca de 150 normas.

Y no controló desde el inicio los intereses de funcionarios aprovechando la ocasión para que las carencias, reales o supuestas, para responder por sus funciones misionales y de ministros queriendo incorporar ideas propias sobre sus sectores. Hay tres ejemplos elocuentes de esta situación. ¿Recuerdan que el Ministerio de Educación quería aprovechar el Fast Track para cambiar todo el Sistema de Educación Terciaria? ¿O el Ministerio de Trabajo buscando modificar los objetivos de las cajas de compensación, función propia de sus dueños: los trabajadores y las empresas? ¿Y el de Agricultura pretendiendo cambiar todo el ordenamiento del desarrollo del campo? Hay que cumplir con las Farc, sí, pero esta no era la vía.

El proceso, con tal enfoque, necesariamente sería complejo con graves riesgos de legitimidad y de consenso. Le ha tocado en consecuencia, a los equipos de la Presidencia y al Presidente mismo, multiplicarse para evitar esta andanada legalista, universalista y corporativa. Afortunadamente todo indica que son receptivos a las alertas desde la sociedad civil. Ya hablan de unas 20 normas para cumplirles a las Farc; entienden mejor la perspectiva de la gradualidad y que el ordenamiento del país en todos los campos no puede ligarse a dichos compromisos.

En uno de los conversatorios con el Presidente y los negociadores, pocos días antes de la firma de los Acuerdos, se recalcó esa importancia crítica de que por lo menos durante seis meses, el Grupo de Negociadores orientara todo el proceso de adecuación normativa e institucional. Sin embargo, señaló entonces el Presidente, que el gran esfuerzo personal, familiar, intelectual y de tiempo por parte de los comisionados, le impedía, por consideración y respeto, involucrarlos en más tareas.

Pero la realidad hoy es que los negociadores, con gran responsabilidad cívica y convicción por la paz, continúan directa o indirectamente bastante involucrados en el tema. Le pedimos al Presidente que recupere este Grupo para que estratégicamente sea el gran soporte en construir el mejor proceso de transición. Estamos a tiempo.”

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