En nuestro columna de opinión en el Periódico Portafolio, reflexionamos sobre la participación comunitaria en los procesos de desarrollo asociados al sector minero-energético y de infraestructura, un tema de gran relevancia y de interés público. Esta participación no puede ser solo un mecanismo  de demandas sociales, debe ser un espacio de construcción de responsabilidades conjuntas en la definición de rutas complementarias de creación de valor económico y social. Así lo expresamos:

Hoy existen múltiples mecanismos de participación en la definición de usos del suelo y durante la preinversión e inversión de los proyectos, llegándose a contar hasta 170 formas de participación. ¿Es posible un desarrollo económico sostenible con una sobrerrepresentación de la participación de estas magnitudes? ¿Y con la profesionalización de agentes, evitando que las comunidades sean parte de los proyectos, convirtiéndolas en simples demandantes de necesidades sociales históricas? La realidad indica que la participación comunitaria se volvió un problema y no una oportunidad. La renuncia creciente de empresas y de proyectos, a concretar sus inversiones así lo demuestra. 

Sin duda, esto refleja falta de comunicación, información incompleta, problemas de relacionamiento entre comunidad, empresa y Estado. Pero lo más crítico es la ausencia de planificación territorial para el desarrollo de mediano y largo plazo, que impacte directamente las regiones y la forma como la ciudadanía se vincula en estos procesos. 

Planeación estratégica no solo para establecer los aspectos técnicos de los proyectos, sino para aclarar cuáles son los lineamientos de gestión social y cómo vincular a las comunidades en las etapas que sea pertinente. Establecer visiones de desarrollo permite generar acuerdos, con una participación constructiva y plural que sintonice tanto a los sectores como a la comunidad en un horizonte común.

Los proyectos de utilidad pública nacional requieren una planeación que articule, de manera exitosa, las instancias locales y regionales en todo el proceso de desarrollo. Que contemple la aproximación ciudadana y comunitaria, pero para generar vínculos de relacionamiento con la empresa y el sector público; que permita tramitar necesidades e inconformidades de forma oportuna, se tomen medidas y se acuerden soluciones que articulen la gestión pública, privada y social, resaltando el valor de la corresponsabilidad.

La participación comunitaria no puede ser un mecanismo simplemente de demandas sociales, debe ser un espacio de construcción de responsabilidades conjuntas en la definición de rutas complementarias de creación de valor económico y social.

El llamado es claro: si bien a nivel nacional se debe revisar el marco de reglas de juego y actualizar sus instrumentos, los municipios y departamentos deben generar escenarios de participación comunitaria para insertar al sector constructivamente con las comunidades, renunciando al camino fácil e inmediato de consultas populares. La participación debe estar precedida del mayor conocimiento y de la menor ideología. 

Una recomendación: la Ley 1757 de 2015 creó la figura de Alianzas para la Prosperidad como mecanismo de diálogo entre las empresas y los entes de desarrollo, para sintonizar los procesos extractivos y los de desarrollo territorial. Pero no ha tenido dolientes claros en los gobiernos, y hasta ahora no se conoce una alianza efectiva que permita promover una participación local con apoyo ciudadano, dejando la mayoría de las veces el espacio a la politización extrema de la participación. Valdría la pena evaluar dicha ley, que contiene buenos elementos.

  
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