Esta semana dedicamos nuestro espacio de opinión en El Colombiano para hablar sobre un tema en el que hemos venido insistiendo, el desarrollo rural del campo. Es indispensable que cada vez más políticas públicas vayan en sincronía de los procesos que se vienen adelantando, además de acompañar y apropiar a nuestros productores para que se sientan actores fundamentales en esta importante ruta planteada en el posacuerdo.

“Un grupo de académicos, empresarios y expertos, reunidos recientemente en una mesa rural que promovimos Proantioquia y Eafit, ratificó que gran parte del futuro y el progreso del país está en el campo. Pero solo se logra si las normas y la inversión pública, son estratégicas en términos de desarrollo productivo.

Eafit estima que si el 72 % de la inversión pública del posconflicto va a la acumulación de capital productivo agrícola, se duplicaría la productividad del sector en cinco años. Se refiere principalmente a inversión en vías, riego, asistencia técnica y educación pertinente. Tal contexto sería el detonante de mayor inversión privada, ampliación de la frontera agrícola y el empleo; círculo virtuoso para un crecimiento exponencial y de largo plazo.

Pero es necesario que otras políticas vayan en sincronía con el desarrollo de tal contexto. Es imperioso que quienes trabajan hoy el campo con éxito, individual, colectivamente o en arreglos agroindustriales, sientan que son actores fundamentales y que todos caben, con la debida seguridad jurídica, en la Ley de Tierras. En el proyecto de ley “Por el cual se adoptan disposiciones de Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales y se dictan otras disposiciones”, la mención a la productividad de la tierra es casi inexistente. Y, en consecuencia, sus disposiciones no reflejan claramente las dinámicas productivas de todos los actores que hoy son pilar fundamental del desarrollo agrícola.

Otra tarea crítica y con grandes efectos inmediatos, es la formalización de la propiedad rural. Siete millones de hectáreas es la meta propuesta; no alcanzable sin un proceso disruptivo. ¡Entre 2012 y 2014, de 36 mil solicitudes de formalización, solo se entregaron 801 títulos! ¿Por qué no una alianza del Gobierno con las universidades, para que estudiantes de derecho, utilizando las nuevas tecnologías digitales, vayan a los territorios y consignen toda la información necesaria para tomar decisiones rápidas y acertadas?

Como parte de los compromisos del posacuerdo, durante los próximos 15 años el Gobierno entregaría 200 mil hectáreas anuales a campesinos sin tierra. La cantidad que podría estar disponible para estos propósitos aún es incierta; no existe un censo apropiado ni datos claros sobre la situación de cada predio; a lo que se suma el uso de delimitaciones obsoletas por cuenta de una cartografía desactualizada. Aquí también se sugieren medidas disruptivas: alternativas tecnológicas de bajo costo para llevar a cabo el proceso de delimitación y formalización de los predios rurales. Hay muy buenas prácticas en los países africanos. ¿Por qué no formar estudiantes rurales, de los últimos años de bachillerato, en las técnicas fundamentales de la topografía y digitales, e incorporarlos a los censos catastrales?

Considerando además la posible intensificación de los conflictos inherentes a la transformación social que se espera en nuestro campo, resulta imperativo dotar la jurisdicción agraria de facultades para el arbitraje de problemas relacionados con la ruralidad en su conjunto. Se requiere un personal responsable y capacitado para afrontar tales situaciones con garantía de imparcialidad.

Estamos a tiempo para que el Gobierno examine estas recomendaciones y otras más que salieron de la mesa rural comentada (consultar texto completo), pues sin lugar a dudas, en un tema tan complejo los errores se pagan muy caro”.