Hemos dado un gran paso con el Acuerdo con las Farc para que las armas pasen al monopolio del Estado y se hacen reconocimientos internacionales merecidos a nuestro Ejército y Policía por su capacidad de combate. Es indispensable seguir tejiendo relaciones sostenibles entre las comunidades y la institucionalidad. Sobre el tema profundizamos en nuestro espacio de opinión de esta semana en El Colombiano. 

Uno de los retos más grandes que afrontamos hoy y que hemos venido advirtiendo desde diferentes entidades, centros de pensamiento y grupos empresariales, es lograr una relación sostenible entre las comunidades y la institucionalidad. En nuestro contexto y muy especialmente en los lugares donde por años estuvo ausente, este reto implica una lucha decidida y coordinada, contra la economía criminal y lo que ello significa. Como parte del trabajo conjunto con la universidad Eafit y el apoyo de expertos del sector público y privado, hemos venido estudiando el asunto en clave de buscar una transición exitosa hacia la paz territorial. De manera resumida compartimos con los lectores algunas reflexiones de este trabajo.

El punto de partida es el entendimiento de las Bacrim no simplemente como organización, sino también como una tecnología de control social. Un modelo que provee orden, seguridad y flujo de ingresos legales e ilegales, muy fuerte en sitios que dependen del narcotráfico y la minería ilegal, pero cada vez más con expresiones urbanas.

Los líderes de estas bandas no solo buscan controlar los negocios criminales, también son “autoridad” para un importante número de colombianos, en zonas que carecen de institucionalidad y democracia. Que el Estado logre imponerse al dominio de ejércitos privados al servicio de esta criminalidad, implica rechazar acuerdos para desmovilizar mafias, pues caeríamos en un círculo de negociar con una y luego resurgiría otra. El asunto clave es que el Estado llegue al control efectivo del territorio, de manera integral, con los costos de tiempo y recursos que ello implique. Es la sobrevivencia del Estado Social de Derecho.

Complementariamente, es urgente redireccionar la persecución criminal para concentrar los esfuerzos en los eslabones más fuertes y no en los más débiles, como sucede actualmente. Un ejemplo claro es que gran parte de los recursos se invierten en atacar estructuras minoristas y cultivadores de coca, pero los resultados por capturas relacionadas con blanqueo y lavado de activos son muy pocos. En Medellín en 2014 solo se capturaron 7 personas por ese motivo; en 2013, 4 y en 2010, 2. Importante la insistencia de la Alcaldía para un esfuerzo mayor sobre este estratégico asunto.

Igualmente los miles de millones de dólares que deja la expotación de droga, no solo se traducen en violencia por el control del negocio, también en corrupción y daños a la democracia cuando esos recursos son usados para alterar resultados electorales; otro tema urgentísimo de intervención del Estado que exige estrategias de control electoral a la medida, para muchas zonas. Y se agrega que muchos de los cultivadores que quieren entrar genuinamente a los programas de sustitución de cultivos, se están volviendo objetivo militar de estos grupos, como lo son los defensores de derechos humanos.

Dimos un gran paso con el Acuerdo con las Farc para que las armas pasen al monopolio del Estado y se hacen reconocimientos internacionales merecidos a nuestro Ejército y Policía por su capacidad de combate. El Cuerpo Élite de la Policía es un instrumento confiable de esa capacidad para los momentos actuales. No hay ninguna razón para que otros bandidos nos vuelvan a llevar a días tenebrosos.”

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