En Colombia atravesamos días convulsos, en los que la corrupción copa los titulares de los medios. Mientras hablamos de sobrecostos en carrotanques, dineros ilícitos en campañas electorales, ollas comunitarias, nombramientos de funcionarios investigados por sus actuaciones en Medellín, contratos millonarios firmados a medianoche, congresistas sobornados, chats filtrados, estigmatización y desinformación en contra de personas, movimientos y empresas, y otras noticias más, nuestro país - y con él las regiones-, pierde la oportunidad de soñar su futuro y la perspectiva de cara a seguir construyendo un proyecto de país que nos una.

La transparencia es un principio y una práctica que se mide y cualifica. En el más reciente informe de Transparencia por Colombia, publicado en el 2023, Colombia obtuvo 40 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Frente a la corrupción no puede haber puntos medios: cero tolerancia. Lo que está en juego es la confianza de la ciudadanía.

En la búsqueda de la transparencia, que es al mismo tiempo la lucha contra la corrupción, es necesaria la existencia de instituciones independientes que vigilen las actuaciones de los poderosos, ejerzan la función incómoda de hacer preguntas, revisar datos y contratos, de alzar la voz cuando no haya información disponible y denunciar cuando sea necesario.

Necesitamos crear cultura alrededor del cuidado y el control de los recursos públicos y de la deliberación social sobre la información y actuación de las instituciones. Una responsabilidad que no es exclusiva de activistas sociales, también es de los líderes empresariales, los gremios, los medios. Es ahí donde nos tenemos que jugar nuestro capital de liderazgo, es en ese escenario en el que tenemos que traer las conversaciones y hacernos las preguntas difíciles, exigir, pedir cuentas.

Requerimos veedurías ciudadanas fuertes y metódicas para que existan gobiernos efectivos y transparentes. Estamos en un momento crucial para el control público: urge una ciudadanía organizada, que no se sienta vencida ante este fenómeno, no se rinda, no crea que estamos condenados al flagelo de la corrupción.

¿Y si creamos una veeduría nacional, una plataforma para la vigilancia con foco en la contratación y la gestión del recurso público? Una iniciativa independiente, políticamente agnóstica, de largo plazo, apalancada por diversos actores, entre empresarios, gremios, activistas, oenegés, centros de pensamiento como Transparencia por Colombia, el Consejo Privado de Competitividad, DeJusticia, Fedesarrollo, la RedPro y la Red de Ciudades Cómo Vamos, entre otros.

Instituciones aliadas como ProBogotá han planteado reflexiones similares: crear mecanismos de apoyo a la transparencia en los procesos de contratación estatal, ejecución de contratos de obra pública, monitoreo sobre la información y ejecución del presupuesto estatal. Si bien Transparencia por Colombia nació en la coyuntura del Proceso 8000 para luchar contra la corrupción, esta apuesta se ha ido transformando en incidencia y fortalecimiento institucional. Debemos volver a esos orígenes y aprender de experiencias regionales como TodosXMedellín.

Si queremos resultados distintos, debemos plantear estrategias distintas frente a un fenómeno estructural. No puede haber relatividad en esta conversación. La corrupción no tiene ideología. La transparencia no se negocia. Actuemos colectivamente para que la opacidad y la corrupción no ensombrezcan el futuro de Colombia. Hasta que el cuidado de lo público sea un hábito cotidiano.

*Presidenta ejecutiva

Proantioquia