En su reciente informe, la Asociación Colombiana del Gas Natural, Naturgas, alertó sobre una posible insuficiencia de gas en Colombia para los años 2025 y 2026. Según Naturgas, la oferta de gas producido en Colombia será significativamente menor a la demanda prevista, lo que pone en riesgo el suministro a corto y mediano plazo. Esta situación nos obligaría a la paradójica situación de importar gas para evitar el desabastecimiento, teniéndolo abundantemente en nuestro subsuelo. Un duro golpe a nuestra soberanía energética.

Esta noticia hay que entenderla en un contexto más amplio: la matriz energética de Colombia se caracteriza por una predominancia de la energía hidroeléctrica y térmica. La hidroeléctrica - energía limpia que genera menos gases de efecto invernadero- representa cerca del 70% de la capacidad instalada. La térmica, cuyo combustible principal es el gas, contribuye con aproximadamente un 25%, y las energías renovables no convencionales, como la solar y la eólica, apenas alcanzan el 2,4% de la matriz. Aunque ha habido un incremento en la energía solar, debido en gran parte a inversión privada, su aporte sigue siendo marginal y variable, comparado con otras fuentes.

La transición energética es protagonista del discurso del Gobierno Nacional, especialmente en sus intervenciones en escenarios internacionales, en los que nos etiqueta como un país altamente carbonizado y en crisis energética. Dicha afirmación desconoce los avances de la ley 142 de 1994, creada precisamente luego del último apagón nacional que, recordemos, fue ocasionado por la estatización de los servicios públicos y la imposibilidad del Estado de asumir todas las tareas que exige nuestro sistema energético: planeación, generación, distribución, regulación, control y vigilancia y operación del mercado.

Fue esta ley la que dio origen a la Comisión Reguladora de Energía y Gas –CREG-, decisión gracias a la cual, el mercado energético en Colombia creció, se consolidó y garantizó el servicio por 30 años. Hoy, este organismo es inoperante, pues en los últimos años no se han nombrado los miembros que ordena la ley. ¿Qué se está esperando?

El panorama no es alentador: más de 40 proyectos adjudicados en las subastas en los últimos gobiernos se han aplazado o no tienen fecha de entrada, debido a problemas de inseguridad jurídica, dificultades en la negociación con las comunidades e incertidumbre ante la nueva ley de servicios públicos que cambiaría las reglas de juego. Sin embargo, la misión de mantener la soberanía energética es indispensable. La energía más cara es la que no se tiene.

Al Congreso de la República le corresponde actuar en cuidado del marco institucional vigente, discutir con rigor la conveniencia de una nueva ley y hacer control político sobre el funcionamiento de la CREG. Solo así se podrá afrontar en unos pocos años el Fenómeno del Niño previsto para 2026-2027.

El modelo actual de servicios públicos es un activo que construimos como sociedad y que produce bienestar. Siempre habrá lugar a mejoras, pero cambiarlo estructuralmente como se pretende, es regresar a un pasado que ya probó ser ineficiente. Debemos evitar que ello ocurra. Que una fallida transición no nos lleve a un seguro apagón.